Alberto Mayol y la verdadera cara de la izquierda.
Cuando nos remitimos a hablar de definiciones políticas en cuanto a las convicciones democráticas usualmente observamos que los políticos de izquierda se apoderan de la "democracia", es decir es su afán de "ganarse al pueblo" se presenta como el paladín de los demócratas, el que quiere "mayor participación ciudadana" en lo que respecta a las decisiones importantes en la agenda nacional.
Sin embargo la realidad dista mucho de esta ilusión democrática que el político de izquierda quiere hacer creer a sus electores ya que el socialista por esencia tiene un "atisbo" de totalitarismo que tarde o temprano quedará al descubierto, ya sea en sus "ejes programáticos" o bien en sus planes de "re-ingenería de la sociedad" o del modelo económico.
Lo mencionado antes se refleja muy bien en el pre-candidato del pacto ultra izquierdista "Frente Amplio" Alberto Mayol quién sin mostrar ni el más mínimo disimulo de su totalitarismo inherente planteó cosas que simplemente no son posibles bajo la tutela del estado de derecho. Ejemplo de ello es el expropiar el 20% de todas las empresas estratégicas de Chile, eso no solo supone una vulneración al derecho a desarrollar actividades económicas lícitas amparada en el 19 N°21 de nuestra Constitución (Disposición que es pilar de nuestro orden público económico) sino que también vulnera el derecho de propiedad (19 N°24) ya que nuestra carta magna solo permite la expropiación en virtud de ley general o especial por causa de interés nacional o utilidad pública y que además se debe indemnizar al expropiado pagando esta "en dinero efectivo al contado", por lo tanto queda completamente desestimada la posibilidad "institucional" de pagar estas indemnizaciones en cuotas, si lo hace, se saltaría el estado de derecho.
En cuanto a su segunda propuesta y la más polémica es la de "nacionalizar" empresas como Soquimich y el Mercurio. Es bueno para estos efectos aclarar que al hablar de nacionalizar entendemos una apropiación forzosa por parte del estado sin que sus dueños reciban pago alguno a cambio, partiendo de esa base esta propuesta no sólo vulnera derechos y garantías fundamentales que reconoce nuestra Constitución como lo es el "debido proceso", "igualdad ante la ley", "igual repartición de las cargas públicas" y las mencionadas en el párrafo anterior si no que desconoce y vulnera tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile.
Entonces es indudable que estamos frente a una persona que no cree en la democracia, no cree en la institucionalidad y que está dispuesto a hacer "justicia por decreto" haciendo caso omiso a lo que mandata los artículos 6 y 7 de la Constitución (Principio de legalidad) en virtud de los cuales las autoridades solo podrán hacer lo que esté prescrito en la Constitución y las leyes, y además de indicar que "nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni a pretexto de circunstancias extraordinarias" y más importante aún lo que señala el Art. 76 de la carta magna " La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley." "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos". En resumidas cuentas al querer hacer justicia con decreto no solo pasa a llevar la Institucionalidad chilena si no que de igual forma unos de los principios fundamentales de todo estado de derecho y de una democracia que es el principio de separación de funciones del estado o conocida popularmente como "la división de poderes".
Felipe Cofré
Estudiante de Derecho
Excelente articulo
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